La presidencia española de la Unión europea
José María Zufiaur

Esta cuarta presidencia española de la UE, desde que en 1986 nuestro país pasó a formar parte de la Unión, está llamada a ser diferente. No sólo diferente de las anteriores sino diferente a lo que han sido hasta ahora las presidencias de turno. Primero porque, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las presidencias rotatorias son menos presidencias. Tienen que compartir su protagonismo con las nuevas figuras establecidas por el Tratado: la Presidencia permanente del Consejo y las nuevas funciones de la “ministra” de asuntos exteriores de la Unión. Pero los liderazgos con los que repartir estrellato no se acaban ahí. El Presidente de la Comisión también ejerce. Y, como siempre, los grandes países de la Unión - Alemania, Francia, Inglaterra, que representan más del 50% del PIB comunitario - tienen por costumbre tomar iniciativas o imponer vetos por su cuenta, o mancomunadamente, que terminan condicionando los mejores programas. Aparte de que tomar decisiones - sobre todo las más sensibles, incluso si no requieren la unanimidad - teniendo que poner de acuerdo a 27 socios resulta una tarea que raya con lo imposible.

Quizá, por ello, el primer mérito al que puede contribuir este nuevo tipo de presidencia rotatoria que va a ejercer España durante el primer semestre de este año es el de tratar de evitar el riesgo evidente de caer en una cacofonía institucional. Y el de intentar ayudar para que la UE funcione, en todo lo posible, como una orquesta bien acoplada. No son pocos, por cierto, los que temen en Bruselas que el Tratado de Lisboa en lugar de contribuir a una mayor unidad de acción y gobierno de la UE desemboque en una mayor dispersión y parálisis. Si durante la presidencia española se desmiente en los hechos ese mal augurio, ya se habrá conseguido un primer éxito nada desdeñable.

El envoltorio y el contenido

En este contexto, la Presidencia española puede estar repleta de actividades, reuniones y cumbres muy exitosas desde el punto de vista mediático, de muchas fotos de primera página, pero bastante más diluida en cuanto a resultados concretos. Por ello, parece necesario que la Presidencia española – que ha armado un programa, bajo el enunciado “Innovando Europa”, que cubre el conjunto de temas de las distintas formaciones del Consejo de la Unión Europa – se centre, de hecho, en una agenda más restringida y estratégica. En la que se delimite una hoja de ruta que defina con realismo las actuaciones o eventos de los que se quiere aprovechar para reforzar las relaciones e influencia de España, dentro de las políticas comunitarias; las cuestiones en las que desea marcar su impronta; las que son inevitables; las que quiere evitar y aquellas otras que, aunque no las consiga durante su presidencia, quiere poner en circulación.

Sin duda, el primer tema en el que la Presidencia española debería imprimir su sello es en la definición de una visión a largo plazo para Europa. En el qué se quiere que sea Europa en el contexto de la mundialización. Iniciando, de esta manera, una reacción de la izquierda europea que incida de nuevo en el futuro de la construcción europea y, por ende, en una respuesta propia y diferente a las crisis económica, ecológica y de la acción política que nos afectan de forma simultánea e imbricada.

Renovar la estrategia de Lisboa

El principal instrumento para ello es la renovación de la Estrategia de Lisboa. Una estrategia que no ha alcanzado ninguno de los indicadores de que se había dotado: ni en el terreno social, ni en el educativo, ni en el de investigación y desarrollo, ni en el de crecimiento, ni en los medioambientales. Lo que no ha sido exclusivamente por causa de la crisis: sin ella, la inmensa mayoría de tales objetivos cifrados tampoco se hubieran alcanzado. La Estrategia de Lisboa tendría que rediseñar su componente interno: educación, innovación, política industrial, política energética, política económica y no sólo monetaria, política de empleo, la cohesión social, el método de gobernanza y el sistema de financiación. Colocando en el centro de la misma la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. Así, la Estrategia de Lisboa podría pasar de ser un mecanismo de desregulación y de competencia entre los países miembros – lo que es ahora - a otro en el que primaran las políticas comunes, los bienes públicos europeos y la cooperación intracomunitaria. También habría de dotarse de una agenda temporal que además de trabajar a medio plazo programe el largo plazo, algo imprescindible para afrontar los desafíos derivados de la crisis ambiental. Pero, además, la nueva estrategia de Lisboa requiere un componente externo, hasta ahora inexistente, que le permita pesar en la configuración de la mundialización. Ello tendría que implicar una adecuación de las políticas comunes ya existentes – política comercial común, mercado interior y unión económica y monetaria y política agrícola común – a la dimensión internacional e incorporar una estrategia externa a otras políticas como la energética, climática, normativa, de desarrollo, de emigración, social. Ello no será posible sin cambiar el paso, desde la simple coordinación intergubernamental a unas políticas verdaderamente comunes. Y, en consecuencia, a una voz unitaria de Europa en los foros internacionales.

En este objetivo, España tiene la ventaja, que no debería desaprovechar para personalizarse en ese crucial debate, de que el expresidente Felipe González es quien preside el Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa.

La prioridad: el empleo

La lucha contra el paro es otro tema inevitable de la Presidencia española. Cualquier éxito en otros campos de la construcción europea quedará sepultado por la falta de resultados en el terreno del empleo. En primer lugar en España, que además de ostentar la Presidencia encabeza la tasa de paro de la UE. Establecer un Plan de Empleo en nuestro país para 2010 y, si fuera posible para otros dos años más, que reduzca el que ya tenemos y el que todavía es previsible que se siga produciendo habría de ser la prioridad de las prioridades de la presidencia española. Ello pasa, antes que nada, por facilitar crédito financiable a las empresas y por inversiones públicas en los sectores y servicios en los que las distintas administraciones públicas pueden crear empleo. También por el fomento de inversiones privadas o público-privadas en sectores e infraestructuras de futuro vinculados al cambio del modelo productivo.

Pero también para el conjunto de Europa la prioridad básica de la presidencia española ha de ser la del empleo. El esfuerzo realizado hasta ahora por la UE al respecto ha sido claramente insuficiente, además de disperso. Desde luego muy inferior al que se ha dedicado al apoyo directo al sistema bancario (el 17,6% de su PIB en el conjunto de los países del G-20, según el FMI). La suma de los planes de relanzamiento de los Estados integrantes de la UE ha representado, en el conjunto de 2008,2009 y 2010, un 1,6% del PIB comunitario. Muy por debajo del 5,6% dedicado en Estados Unidos (Le Monde, 5/1/2010). Precisamente por ello, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha solicitado a la Presidencia española que influya para que la UE invierta en los próximos tres años un 1% anual del PIB europeo destinado a “crear más y mejores empleos, promover la innovación y el empleo en las industrias clave, invertir en tecnologías nuevas, ecológicas y sostenibles, mantener servicios públicos de alta calidad y ofrecer a los trabajadores la cualificación que éstos necesitan para trabajar en la economía de mañana”. Una mayor dinámica económica en el conjunto de la Unión puede ser, a su vez, uno de los factores que tire del crecimiento y del empleo en España.

Además, y en el mismo sentido, la Presidencia española tiene interés objetivo en abogar por un salto cualitativo en la gobernanza económica de la Unión. Y en una subordinación a criterios políticos de las reglas económicas de que ésta se ha dotado. Las reglas de Maastricht – monetarias y presupuestarias - impusieron que nunca la UE pudiera acudir en auxilio de alguno de sus miembros si llegaba a un riesgo de “quiebra”. En estas semanas se ha escrito mucho sobre el riesgo que afecta a Grecia por el volumen de su deuda y hasta se ha especulado con su posible salida del euro. Cosa que no es nada verosímil, tanto por razones políticas como porque ello aumentaría exponencialmente el peso de su deuda, contraída en euros, y su tasa de cambio se desplomaría, con efectos económicos y sociales muy negativos. Los sectores más ultraliberales y las agencias de calificación han desencadenado una campaña, tan injusta como poco diferenciada, contra Portugal, Irlanda, Grecia y España (los PIGS, cerdos en inglés, según les denominan) por su tendencia al endeudamiento. Haciendo una amalgama interesada, ya que la previsión de deuda pública sobre el PIB en 2011 es del 135% para Grecia y del 74% para España. En todo caso, si la UE quiere ser algo más que un club intergubernamental tendrá que establecer mecanismos solidarios que hoy no existen, para responder a algunos de sus miembros en dificultad. Mecanismos como el escalonamiento de la deuda; ayudas del Banco Europeo de Inversiones; emisión de obligaciones en nombre de Europa; incitar al Banco Central Europeo a prolongar una estrategia de compra de títulos. U otras medidas en la línea de estas mencionadas y propuestas por el equipo de economistas de Natixis, banca de financiación y de servicios financieros. No hacerlo, además de condenar a los países afectados a curas de caballo, puede poner en riesgo a otros países de la UE – con quienes aquellos tienen contraída una parte importante de su deuda- y debilitar ante los inversores la credibilidad del euro.

La derechización

En tercer lugar, y en la línea antes mencionada de encabezar una reacción de la izquierda europea frente a la progresiva derechización de la construcción comunitaria en general, y de la política social en particular, la Presidencia española tendría que poner en marcha iniciativas tendentes a evitar el dumping social en la UE. Un riesgo que ha tenido como expresiones más significativas la llamada directiva Bolkestein, la propuesta de directiva sobre tiempo de trabajo y las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, anteponiendo los derechos de establecimiento a los derechos fundamentales del trabajo. Seguramente será difícil aprobar medidas concretas sobre estas materias durante este semestre. Pero es fundamental plantearlas, convertirlas en bandera de países y de movimientos sociales para evitar un mayor deterioro del modelo social europeo. Esas medidas son las que ha reclamado con insistencia el movimiento sindical europeo y el español: incorporar una cláusula de progreso en el Tratado, para evitar que las normas que rigen la prestación de servicios invaliden los derechos laborales fundamentales; la revisión, en el mismo sentido, de la directiva sobre desplazamiento de trabajadores; el reconocimiento, en la revisión de la Agenda Social Europea, de un completo marco de relaciones laborales a nivel europeo; y una mayor armonización fiscal que ponga límite a la competencia fiscal que está socavando los modelos de protección social europeos.

En fin, la Presidencia española tendría que intentar mantener y reforzar su liderazgo europeo en relación con América Latina. En un contexto en el que las cartas se han movido mucho. Tres países de América Latina son titulares del G-20; América Latina se ha inclinado hacia gobiernos de izquierda al tiempo que se dividía en bloques de influencia diferenciada, en torno a Venezuela y Brasil; se ha incrementado la apertura de América Latina hacia Asia, ha cambiado el signo de la política de la administración norteamericana y los acuerdos de asociación regionales están paralizados. Más allá de que en la Cumbre UE-América Latina y el Caribe se concreten medidas para hacer de la innovación un elemento central de la asociación estratégica birregional o de que se ponga en marcha un Mecanismo de Inversión para América Latina (MIAL), similar al que la UE tiene con los países vecinos, y se cree una Fundación para el impulso de las relaciones birregionales, la Presidencia española debería apostar fuerte por el relanzamiento a fondo de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación con MERCOSUR. Que quedaron paralizadas en 2004 y que ahora pudieran darse las condiciones para llevarlas, finalmente, a término. La parálisis de las negociaciones de la OMC, el acercamiento estratégico entre EE.UU. y China, la proximidad de las elecciones en Argentina y Brasil y la propia disputa por el liderazgo estratégico en América Latina pueden ser factores que lo propicien. Así se deduce de las declaraciones que hicieron al alimón la Presidenta argentina y la Vicepresidenta primera del gobierno de España; y de la toma de posición de la última Cumbre de Presidentes de MERCOSUR, el pasado diciembre. No se me ocurre que la Presidencia española pueda alcanzar mayor logro para su acción exterior – ni mejor incentivo para hacer avanzar las negociaciones con la Comunidad Andina y con Centroamérica - que el que supondría situar durante los próximos seis meses las negociaciones de la UE con MERCOSUR al borde de la firma.

Pobreza y exclusión social

Ya en el terreno de lo concreto, el jueves día 21 de enero de 2010, se inició oficialmente, con la Conferencia que la Presidencia española de la UE organiza en Madrid, el Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Hace diez años, uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa recién puesta en marcha preveía la erradicación de la pobreza en el espacio europeo en el horizonte de 2010. No sólo no se ha cumplido el propósito sino que la realidad actual es peor que la de hace una década. Un 16% de los europeos -unos 80 millones de personas- viven por debajo del umbral de pobreza (es decir que viven con menos del 60% de la renta mediana de su país); uno de cada diez europeos vive en una familia donde nadie trabaja; en la UE hay 19 millones de niños pobres; entre 1997 y 2007 el número de trabajadores temporales ha aumentado en 10 millones, un 20% tienen un contrato a tiempo parcial ( y por lo menos una quinta parte de ellos de forma no elegida), 27 millones son trabajadores autónomos – a veces por voluntad propia, otras muchas de manera no elegida - económicamente dependientes, 31 millones de trabajadores sobreviven con un salario muy bajo y hay 19 millones de trabajadores con ingresos inferiores al umbral de pobreza. El paro supera el 10% en la Unión Europea y afecta a 23 millones de personas. Letonia, con el 22,3% y España, con el 19,4%, encabezan los mayores porcentajes de desempleo. El desempleo juvenil se ha incrementado en cinco puntos en un año, alcanzando el 21% en el conjunto de la Unión y, en España, el 43,8%: el porcentaje más alto de la UE y más del doble que la tasa europea.

El caso español

España ocupa, según el Eurobarómetro del mes de septiembre de 2009, el cuarto lugar de la UE-27, tras Rumanía, Bulgaria, Lituania, por el porcentaje de la población (20%) afectada por la pobreza.

Esta situación no es imputable, únicamente, a las consecuencias sociales de la crisis financiera que ha aquejado al conjunto de la economía mundial. Es, sobre todo, el resultado de políticas de la Unión Europea, en el seno de la cual se ha dado prioridad al crecimiento económico y al empleo precario - al “empleo a cualquier precio” en expresión de la Confederación Europea de Sindicatos. Abandonando de hecho uno de los pilares iniciales de la Estrategia de Lisboa: el trabajo de calidad y el desarrollo de la protección y de la cohesión social.

Con la crisis, la situación se ha ido agravando. Tanto en términos de desempleo, como ya hemos señalado, como por la reducción en muchos países de los gastos sociales (Letonia, por ejemplo, ha reducido un 15% el salario de los empleados del sector público). Y las presiones de los organismos internacionales (FMI, OCDE) y de la misma Comisión Europea para reducir los déficits públicos antes de que se restablezca el crecimiento económico y la creación del empleo, amenaza con nuevos recortes. Las pensiones, especialmente las pensiones privadas, han sufrido un fuerte deterioro. La financiación de los sistemas de protección social ha sido sistemáticamente erosionada por las políticas de exoneraciones y reducciones fiscales a favor de las empresas y las rentas del capital (sin que ello haya servido realmente para aumentar las tasas de empleo). A su vez, el aumento del paro derivado de la crisis repercute negativamente sobre la financiación de los sistemas de protección social, sin que, sin embargo, en ningún caso se quieran abordar otras formas de financiación no dependientes del empleo.

Según una encuesta del “Eurobarómetro”, del mes de septiembre del año pasado, los ciudadanos europeos son muy conscientes de los riesgos de pobreza y exclusión se incrementan en la UE. Un 73% estima que la pobreza está aumentando en su país; para el 56% de los europeos, son los parados los más expuestos a la pobreza, así como los que tienen un empleo precario (para el 31%). Un 41%, en cambio, considera que son las personas mayores los más vulnerables, sobre todo si se piensa que un trabajador pobre terminará siendo un jubilado pobre; igualmente, un 74% de los ciudadanos europeos considera que la pobreza es un obstáculo fundamental para encontrar un empleo.

El compromiso sindical

Para el movimiento sindical europeo, el año de lucha contra la pobreza y la exclusión tendría que servir, en primer lugar, para reforzar los sistemas de protección social. Y para entender ésta no sólo, ni fundamentalmente, como un sistema pasivo de transferencia de recursos sino como un factor esencial de inversión productiva. Asegurando, para ello, pensiones adecuadas y suficientes para los jubilados, prestaciones que son también fuente de consumo y actividad económica. Desarrollando sistemas de salud de calidad que, con políticas preventivas, mejoren el nivel sanitario pero también aminoren los gastos del sistema. Implementando, dentro de los sistema de Seguridad y de Asistencia Social, la atención a las personas dependientes y la atención a la infancia. Creando de esa manera nuevos nichos de actividad y empleo. Garantizando las transiciones profesionales de los trabajadores, sobre todo cuando pierden su puesto de trabajo, lo que favorece la recolocación y el mantenimiento de la profesionalidad.

En segundo lugar, sería imprescindible dotar de los medios de financiación suficiente a los sistemas de protección social para que puedan desempeñar plenamente su papel. La tendencia a una protección social de mínimos y de políticas para pobres sólo conduce a pobres políticas. La protección social, pese a su debilitamiento en las últimas décadas, sigue siendo un gran dique contra la pobreza. Sin ellas, un 36% de ciudadanos europeos pasarían a engrosar ese 16% que ya es pobre. Pero, además de prevenir la pobreza, los sistemas de protección social contribuyen poderosamente a mantener los vínculos sociales y la cohesión social. Y es por tanto un factor esencial de creación de oportunidades para todos y de ciudadanía social. Los sistemas de protección social son, como se está evidenciando especialmente en estos dos últimos años, un amortiguador social de las crisis. Y, por lo tanto, un estabilizador económico imprescindible.

En España, según datos de 2007, antes de la crisis, el 37% de los parados se encontraba bajo el umbral de pobreza. El riesgo precariedad afecta sobre todo a los jóvenes (más del 85% de los jóvenes menores de 25 años son en nuestro país parados o tienen un contrato precario) y a las mujeres. Por otra parte, si nos fijamos en el riesgo que afecta a los empleados con bajos salarios, en 2007 un 11% de los empleados en España –tres puntos porcentuales más que en la UE– no generaba rentas de trabajo suficientes para situar a sus familias por encima de la línea de pobreza. Otro dato muy significativo es el referido al fracaso escolar que, en nuestro país, afecta al 34% de los jóvenes. Los emigrantes están, igualmente, sobreexpuestos a la pobreza ya que en ese colectivo un 30% (10 puntos por encima de la media) se sitúa en el ámbito de la pobreza. El factor edad es también particularmente sensible a la pobreza ya que la misma afecta al 30% entre los mayores de 64 años.

El año europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social debería, en suma, adoptar medidas para actuar en pro de la calidad del empleo y de la mejora de los salarios. Para lo que es imprescindible reforzar los derechos vinculados al trabajo y el papel de las organizaciones sindicales. También repartir de manera mucho más equitativa la riqueza inmaterial del conocimiento. Y desarrollar servicios sociales y sanitarios públicos de calidad, cuestión que es inseparable de un sistema fiscal más justo, equitativo y suficiente.

José María Zufiaur.
Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.

Este artículo también lo publica, en dos entregas, Sistemadigital, de la revista Temas.