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Septiembre - Diciembre de 2007 · nº 34

La contratación en origen: 15 conclusiones y 52 propuestas
Carles Navales

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VO Catalán

El Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) solicitó mi opinión sobre este tema. Tras entrevistarme con varios profesionales y con los representantes de todos los sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos catalanes, en septiembre de 2007 entregué un informe cuyas conclusiones y propuestas son las que siguen.

1.- La fijación de los contingentes de mano de obra

No existe una estructura ideal. El actual mecanismo para fijar el contingente es complejo, farragoso y con multitud de informes previos, en el que las comunidades autónomas hacen una propuesta relativa a su territorio.

En Catalunya, la estructura del órgano encargado de realizar la propuesta debería estar formado por los órganos estadísticos en materia de empleo y con los agentes sociales: cámaras de comercio, patronal y sindicatos, y, también la representación de los ayuntamientos, que son, en primera instancia, quienes acusan la llegada de inmigrantes en sus ciudades, y la de la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Debería ponerse especial atención a las necesidades sectoriales y temporales (campañas específicas, resultados previsibles, necesidades de mano de obra en la temporada pasada, etc.).

Este órgano debería depender del Comisionado de la Generalitat para la Inmigración, figura hoy inexistente y a la que nos referiremos más adelante.

El gobierno central debería aceptar, sin retoques, la propuesta que envíe el gobierno de la Generalitat.

Una de las grandes carencias es la ausencia de estadística-panel, que siga la evolución de la inmigración (movilidad, promoción laboral, paro, itinerario escolar de los hijos, etc.).

Además del contingente y la oferta nominativa, conviene comenzar a poner el acento en reciclar y aprovechar a los inmigrantes que ya están aquí en situación legal y sin empleo. Todos los indicadores apuntan que hay un descenso del número de inmigrantes que vienen a Catalunya y, a la vez, un aumento de inmigrantes desempleados; de hijos que ya han llegado a la edad de trabajar; y de mujeres que podrían incorporarse al mercado laboral. En concreto y a finales de junio 2007, hay 433.000 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 30.000 están en paro. Con permiso de residencia hay, en Catalunya, 736.000, de los cuales el 44% son mujeres y 120.000 son menores de 18 años: de las personas reagrupadas con edad laboral (de 16 a 65 años), sólo en la provincia de Barcelona, había 24.000 personas en esta situación hace unos años. Podríamos concluir que, entre desempleados registrados y pasivos, hay unos 100.000 trabajadores inmigrantes. El promedio de edad del conjunto (los 736.000) es de 31 años.

A nadie se le escapa que hoy, en España, la principal red de ofertas de trabajo para la inmigración son los teléfonos móviles de los propios inmigrantes.

2.- Las formas de contratación

La contratación de extranjeros y las modalidades de contratación son iguales a las del resto de trabajadores, sin embargo el temor a vincularse con alguien que ni siquiera está aún en España promueve contratos de temporalidad incierta: los modelos de contratación no están pensados para trabajadores extranjeros en su país de origen. Sería aconsejable la existencia de sistemas de contratación flexibles, siquiera con la ampliación del período de prueba.

Constatar que el contingente ha perdido peso específico en beneficio de las ofertas nominativas por parte de empresarios a trabajadores que se encuentran en el país de origen, y que esta fórmula parece la más adecuada para el empresario. El contingente irá quedando relegado a sectores específicos como las campañas agrícolas de temporada, o el servicio en el hogar familiar.

3.- Defectos de la contratación actual

Es un clamor unánime que el principal defecto es el largo período que va desde que el empresario solicita la contratación hasta que la obtiene, y es el empresario el que, prácticamente, ha de ocuparse de todo. La farragosidad del actual sistema hace resulte imposible que la oferta se ajuste a la demanda empresarial.

La inmigración no puede ser la bolsa de trabajo suplente y no debería aceptarse que los empresarios contraten, mayoritariamente, de hoy para mañana; cabe exigir una cierta previsión, pues, de lo contrario, lo que se promueve es la inmigración ilegal.

Debería considerarse obligatorio que los primeros tres meses el contrato fuera de formación profesional y que, en origen, ya se hayan dado una formación básica sobre el país de acogida y los derechos y obligaciones del trabajador y el empresario.

A cómo mejorarlo nos referiremos en otros apartados.

4.- Formación profesional en origen

Una cuestión primordial en el desarrollo de la contratación de ciudadanos extranjeros es la formación. Los aspectos básicos son: la comprensión de un idioma común, la seguridad y salud en el trabajo y la formación profesional.

El Reglamento de la Ley de Extranjería ya prevé desarrollar cursos de formación con los trabajadores seleccionados o preseleccionados en el país de origen, y en los acuerdos de regulación de flujos con el país de origen se contempla la existencia de un organismo de selección, del que podrán participar los empresarios interesados en la contratación. Nada impediría que en esos mismos acuerdos se prevean cursos de formación con los aspirantes preseleccionados en función de su experiencia y formación.

Tras la preselección, la formación profesional en origen debería ligarse al contrato o acuerdo, que iniciaría su vigencia en el país de origen con cursos que deberían dar personas del mismo país, que hayan estado en España y se las haya formada para impartirlos. Las asociaciones étnicas pueden ser una buena cantera de monitores.

También los sindicatos del país de origen, las patronales y el gobierno, en colaboración con sus homólogos catalanes, deberían intervenir en el proceso, especialmente para canalizar las demandas y promover campañas explicativas de que esa es la vía para venir a trabajar a España, convirtiéndose con ello, en elementos reguladores de los flujos.

Un aspecto importante es saber al dedillo los conocimientos del inmigrante que solicita ser contratado, pues existe un número relevante con una formación y estudios similar o superior a los trabajadores del país receptor. Y como sea que la demanda de trabajo siempre será superior a la oferta, el currículo del solicitante puede ser un buen filtro: sólo se formarían a los trabajadores contratados en función del currículo, pues formar a todo el que lo solicite, significaría dejar fuera del proceso a los que no pueda absorber la demanda, que son los más.

No obstante pueden organizarse cursillos de carácter voluntario para quienes deseen realizarlos libremente, sin que ello signifique compromiso alguno para su contratación.

5.- Formación profesional de acogida

A la llegada, sería conveniente establecer algún sistema similar al de los contratos formativos (o, directamente, el contrato de formación o un acuerdo de permanencia), para que se garantice al trabajador un tiempo mínimo de formación profesional, en seguridad y salud, y en hábitos de vida e idioma. Lo mismo podría decirse respecto de la formación laboral en la empresa.

Sin duda, una de las mayores lagunas del sistema de extranjería español es la acogida. Hoy, es el entorno del inmigrante, en el barrio y la empresa, quien lo forma.

Existe una cierta unanimidad entre los entrevistados en que lo fundamental es el idioma, pues en la empresa la mayor parte de las instrucciones se dan oralmente.

6.- Formación profesional continua

En este apartado existe una plena coincidencia en que debe ser la misma que reciben los trabajadores españoles y que, lo realmente preocupante, es lo poco que se fomenta este tipo de formación.

7.- Patronales, sindicatos y formación

Debe ser mediante las comisiones de formación sectoriales, con participación de patronales y sindicatos, donde se elabore una propuesta y se decida qué formación necesitan los empresarios y los trabajadores, y, a partir de ahí, elaborar los contratos programa y toda la perspectiva de formación.

8.- Documentar a los no documentados

Existe una coincidencia generalizada en que el principal control de los flujos son los mismos inmigrantes, mediante el teléfono; también se coincide en que todo inmigrante debe entrar legalmente a España, y, a la vez, se considera que la cuestión no puede limitarse a la expulsión del no documentado. Pensar en algo intermedio, como el permiso de búsqueda de trabajo o un permiso provisional mientras se resuelve si debe procederse a la repatriación o no.

Se entiende, también, que cuantas más facilidades tengan las empresas, que quieran contratar cumpliendo la normativa de contratación en origen, menos serán las que recurran a la contratación ilegal, y, se considera también, que en ningún caso debería repatriarse a aquella persona que se encuentra irregularmente porque no le ha renovado el contrato laboral, pues debemos aprovechar la experiencia que ha acumulado y facilitar su reintegración laboral. También que deberían encontrarse mecanismos para que parte del contingente lo cubrieran los que están aquí en situación irregular.

9.- El Servicio de Intermediación Laboral en Origen (SILO)

Las oficinas del SILO han sido escasamente relevantes en el proceso. Para que su papel se vea reforzado habrá que adecuarlo a las necesidades reales y conseguir su reconocimiento institucional, tanto en el país de origen como en el sistema de gestión de contingentes. Se trata de conseguir que más que un servicio para el empresario, sea un auténtico servicio público de empleo.

Aunque el Estatuto de Cataluña reconoce a la Generalitat las funciones en materia de concesión de la primera autorización de trabajo, la concesión de visados continúa siendo competencia del Estado mediante los Consulados. Pero nada impide, de acuerdo con las competencias de la Generalitat en materia de permisos de trabajo, que el SILO actúe en los procesos selectivos de trabajadores que quieran trabajar en Cataluña, ya sea como un operador más en el órgano de selección, que se prevea en el convenio de regulación de flujos, ya sea como un ente de selección en sí mismo. Puede ejercer, además tareas informativas, organizar la formación de trabajadores en origen, etc.

El SILO debería funcionar de acuerdo con la Secretaría de Estado para la Inmigración y el SOC. Y la presencia en el órgano gestor del SILO del cuerpo diplomático, sindicatos y patronales del país de origen, aunque sea con carácter consultivo, permitiría darle suficiente entidad para que fuera el referente principal para la inmigración económica.

Con los sistemas informáticos actuales, sería importante que las ofertas de trabajo que queden desiertas en Cataluña fueran “rebotadas” automáticamente a las oficinas del SILO. También, el empresario, debería poder presentar directamente al SILO demandas nominativas, incluso indicando la persona concreta que pretende contratar, lo que permitiría agilizar el proceso, que ahora dura alrededor de un año.

El SILO puede ser un modelo para que la Unión europea acabe teniendo oficinas de este tipo válidas para todos los estados miembros.

10.- En qué países debe haber SILO

Deben ubicarse en las regiones estratégicas de los países emisores de mayor volumen de inmigración hacia Cataluña y en los que se prevé será así: Rumania, Marruecos, Ecuador y Colombia; y, en segundo plano, Argelia, Malí, Senegal, Argentina, Perú y Bolivia.

11.- Embajadas y consulados

El papel de Consulados y Embajadas es capital, dado que son estos órganos dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores los que conceden el visado que permite entrar en España.

Nuestras embajadas estaban preparadas para atender a los emigrantes españoles, pero no lo están para gestionar la inmigración que viene hacia España.

Existe la opinión generalizada de que carecen de estructura adecuada y suficientemente profesionalizada para responsabilizarse de la intermediación de las cuestiones migratorias y que, en general, nuestro cuerpo diplomático aún no ha tomado conciencia de la importancia estratégica que ocupa la inmigración en el progreso económico de España. Lo evidencia el hecho de que una oferta nominativa tarde alrededor de un año en tramitarse, o que la reagrupación familiar les lleve unos seis meses.

Entretanto se realiza el necesario “aggiornamento” de nuestro cuerpo diplomático, el SILO puede ser un espacio de encuentro y cooperación que, cordialmente, ayude a nuestro cuerpo diplomático en su transición hacia la profesionalización en la intermediación migratoria.

12.- La contratación en origen

El tema ya lo hemos ido desgranando en los anteriores apartados. La principal carencia que observan todos los entrevistados es la excesiva burocratización y temporalidad en el trámite. Se recalca que debería flexibilizarse el cupo y, también, mejorar la oferta nominativa aceptando que el empresario participe directamente del proceso de selección inicial.

13.- Reagrupación familiar

La reagrupación familiar supone la plasmación, en el derecho de extranjería, de los derechos a fundar una familia, a la vida en familia y a la intimidad familiar, todos ellos reconocidos en la Constitución Española.

Dado que una de las características de la inmigración que recibe España es la voluntad de permanencia, y que en la regulación de las autorizaciones de trabajo y residencia prima la estabilidad y la integración, se prevé que aquellos trabajadores que lleven ya un año residiendo en España y renueven su permiso puedan reagruparse con su núcleo familiar: su cónyuge y sus hijos. También podrá reagrupar a sus ascendientes en el caso de que dependan económicamente del reagrupante y que existan razones que justifiquen que hayan de convivir juntos en España.

En esta cuestión, la opinión de los entrevistados es bastante unánime.

La reagrupación debería ceñirse al núcleo familiar, acortando el período de tramitación, y ser muy vigilante en los demás supuestos, para evitar que sea un coladero que quiebre, en parte, el papel del cupo y de la contratación en origen, y que cree brotes de pobreza en los barrios, con las derivaciones que ello comporta.

Los familiares reagrupados deberían tener automáticamente el permiso de trabajo, además del permiso de residencia. La razón es obvia: cuantos más ingresos económicos tenga la familia, más estable e integrada será.

Los hijos que acaban el período escolar a los 16 años, deberían poder tener un permiso de formación para que pudieran asistir a los cursos de las Escuelas Taller de formación profesional, algo hoy imposible por exigirse para ello la tenencia del permiso de trabajo, que no se concede hasta los 18 años, y el SOC debería ser más activo, con estos inmigrantes de segunda generación, al objeto de facilitar su integración laboral. Ambas medidas servirían para evitar que los jóvenes inmigrantes queden fuera del sistema al ver anulada su autonomía personal, que sólo puede alcanzarse si la persona tiene trabajo y formación.

En otro orden de cosas, y dentro del ámbito de la reagrupación familiar, un aspecto que puede parecer menor, y no es así, está en que el tribunal competente para resolver los recursos contencioso-administrativos, contra las denegaciones de visados dictados por cualquier oficina consular de España en cualquier ciudad del mundo, corresponda al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya Sección Primera, encargada de los asuntos de extranjería, está colapsada y tarda una media de tres años en resolver un recurso, lo que en la práctica supone que las decisiones de la administración en materia de visados no son controladas por los Tribunales de Justicia. Sería conveniente que, en materia de reagrupación familiar (no así en visados de estancia, o de otro tipo), la resolución sobre el cumplimiento de los requisitos al iniciarse la solicitud del reagrupante en España, corresponda a la Subdelegación del Gobierno y no a los consulados. De esta manera, la decisión sería recurrible ante los juzgados de lo contencioso-administrativo provinciales. Y aquellos aspectos más sujetos a discrecionalidad administrativa, deberían ser detallados, siempre con la finalidad de favorecer la convivencia de la familia.

14.- Estatuto de Autonomía e inmigración

Ahora, la Generalitat de Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de acogida e integración de inmigrantes; otorga o deniega el primer permiso de trabajo para ejercer actividades laborales en su territorio, y, resuelve los recursos que se interpongan en esta materia. También las tiene en la inspección y sanción en materia laboral y de extranjería, así como la participación en cuantas decisiones le afecten en la fijación del contingente de trabajadores extranjeros. El hecho de que los derechos y deberes ciudadanos no se vinculen a la nacionalidad, sino a la vecindad, también es un aspecto a destacar por su dimensión integradora.

La opinión generalizada es que resultará útil en todo lo referente a las políticas sociales, pero escasamente novedoso en los procesos de contratación de inmigrantes.

15.- La Comisión Interdepartamental de Inmigración

La Comisión Interdepartamental de Inmigración nació del Departamento de Bienestar Social. Si bien depende del Departamento de Presidencia, el papel fundamental recae en Bienestar Social, mediante la Secretaría de Inmigración.

Sus funciones básicas son proponer actuaciones a las diferentes consejerías de la Generalitat, en el marco del Plan Interdepartamental de Inmigración, dirigir y supervisar la aplicación de dicho Plan, establecer las relaciones institucionales necesarias para la coordinación de las diversas actuaciones, elaborar informes y formular recomendaciones a los departamentos de la Generalitat sobre las materias relativas a la situación de los inmigrantes, recopilar información sobre la situación de los inmigrantes en Cataluña, coordinar y potenciar las diferentes iniciativas sociales, informar al Gobierno sobre la distribución territorial de los flujos migratorios, informar al Gobierno de las necesidades relativas a la población inmigrante, etc.

La opinión de los entrevistados es que ha resultado de poca utilidad.

Sin embargo existe una gran expectativa respecto a su futuro, pues el nuevo Estatuto y la evolución de la política de extranjería en el conjunto de España, tienen como consecuencia lógica la reforma de la Comisión, apuntándose la creación de la figura del Comisionado para la Inmigración, con capacidad ejecutiva, estructura, rango suficiente y que dependa del Presidente de la Generalitat.

El razonamiento es obvio: el Estatuto de 2006 ha supuesto un cambio sustancial en las competencias en esta materia. Se refuerza el papel del Departamento de Bienestar Social, que pasa a tener competencias plenas en materia de integración social de los inmigrantes, su acogida en el momento de la llegada, su orientación y promoción social y económica. Se crean nuevas competencias que corresponderán al Departamento de Trabajo, en materia de concesión de permisos de trabajo, que habrán de otorgarse en coordinación con la administración del Estado al ir conjuntamente con los permisos de residencia. Los SILO requieren de entendimiento con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los temas de sanidad, educación y vivienda cada vez tendrán mayor peso. Y podríamos seguir.

Así las cosas, se hace necesaria la creación de la figura del Comisionado, pues la Comisión no puede estar reunida en sesión continua.

El Comisionado debería ser interlocutor de la Generalitat con cuatro Ministerios de la administración central: La Secretaría de Estado para asuntos de la emigración e inmigración y la Secretaría de empleo (Ministerio de Trabajo). La DIrección General de servicios consulares y la Secretaría de Estado de cooperació exterior (Ministerio de asuntos exteriores). Las Delegaciones del gobierno en las CC.AA. (Ministerios de administración públicas y el de interior).

Dejar esta diversidad de relaciones en manos de varios interlocutores resulta irracional y le resta eficacia. A la vez, debe ser el interlocutor entre los diferentes departamentos de la Generalitat y el Presidente en todo lo referente al cumplimiento del plan general que en esta materia se acuerde desarrollar. En resumen, pasar de una etapa en que la Comisión Interdepartamental era, básicamente, informativa y coordinadora, a otra en que exista un Comisionado con rango ejecutivo y representativo.

 

… y 52 propuestas

1.- El nuevo Estatuto y la evolución de la política de extranjería en el conjunto de España, tienen como consecuencia lógica la reforma de la Comisión Interdepartamental de Inmigración de Catalunya.

2.- Debería crearse la figura del Comisionado para la Inmigración, con capacidad ejecutiva, estructura, rango suficiente y que dependa del Presidente de la Generalitat.

3.- El Comisionado debería ser interlocutor de la Generalitat con cuatro Ministerios de la administración central: La Secretaría de Estado para asuntos de la emigración e inmigración y la Secretaría de empleo (Ministerio de Trabajo). La DIrección General de servicios consulares y la Secretaría de Estado de cooperació exterior (Ministerio de asuntos exteriores). Las Delegaciones del gobierno en las CC.AA. (Ministerios de administración públicas y el de interior). Dejar esta diversidad de relaciones en manos de varios interlocutores resulta irracional y le resta eficacia. A la vez, debe ser el interlocutor entre los diferentes departamentos de la Generalitat y el Presidente en todo lo referente al cumplimiento del plan general que en esta materia se acuerde desarrollar. En resumen, pasar de una etapa en que la Comisión Interdepartamental era, básicamente, informativa y coordinadora, a otra en que exista un Comisionado con rango ejecutivo y representativo.

4.- Además del contingente y la oferta nominativa, conviene comenzar a poner el acento en reciclar y aprovechar a los inmigrantes que ya están aquí en situación legal y sin empleo.

5.- En Catalunya, la estructura del órgano encargado de realizar la propuesta debería estar formado por los órganos estadísticos en materia de empleo y con los agentes sociales: cámaras de comercio, patronal y sindicatos, y, también la representación de los ayuntamientos, que son, en primera instancia, quienes acusan la llegada de inmigrantes en sus ciudades, y la de la Delegación del Gobierno en Catalunya.

6.- Debería ponerse especial atención a las necesidades sectoriales y temporales (campañas específicas, resultados previsibles, necesidades de mano de obra en la temporada pasada, etc.).

7.- Debería flexibilizarse el cupo y, también, mejorar la oferta nominativa aceptando que el empresario participe directamente del proceso de selección inicial.

8.- Debería mentalizarse al empresario de que el contrato no es de hoy para mañana, por lo que se requiere haga una previsión más racional.

9.- Este órgano debería depender del Comisionado de la Generalitat para la Inmigración, figura hoy inexistente.

10.- El gobierno central debería aceptar, sin retoques, la propuesta que envíe el gobierno de la Generalitat.

11.- Es necesario realizar estadísticas-panel sobre movilidad, promoción laboral, paro, itinerario escolar de los hijos, etc.

12.- El padrón de inmigrantes debería renovarse cada dos años al objeto de tener una información veraz.

13.- Sería aconsejable la existencia de sistemas de contratación flexibles, siquiera con la ampliación del período de prueba.

14.- Constatar que las ofertas nominativas por parte de empresarios a trabajadores que se encuentran en el país de origen parece la más adecuada para el empresario: el contingente irá quedando relegado a sectores específicos como las campañas agrícolas de temporada, o el servicio en el hogar familiar.

15.- Agilizar los circuitos de contratación: es un clamor unánime que el principal defecto es el largo período que va desde que el empresario solicita la contratación hasta que la obtiene. Lo farragoso del actual sistema hace resulte imposible que la oferta se ajuste a la demanda empresarial.

16.- La inmigración no puede ser la bolsa de trabajo suplente y no debería aceptarse que los empresarios contraten, mayoritariamente, de hoy para mañana; cabe exigir una cierta previsión, pues, de lo contrario, lo que se promueve es la inmigración ilegal.

17.- Debería considerarse obligatorio que los primeros tres meses el contrato fuera de formación profesional y que, en origen, ya se hayan dado una formación básica sobre el país de acogida y los derechos y obligaciones del trabajador y el empresario.

18.- En la Formación profesional en origen, los aspectos básicos deben ser: la comprensión de un idioma común, la seguridad y salud en el trabajo, y la formación profesional.

19.- En los acuerdos de regulación de flujos con el país de origen deberían preverse cursos de formación con los aspirantes preseleccionados en función de su experiencia y formación.

20.- Tras la preselección, la formación profesional en origen debería ligarse al contrato o acuerdo, que iniciaría su vigencia en el país de origen con cursos formativos.

21.- Los cursos de formación profesional y de acogida deberían darlos personas del mismo país, que hayan estado en España y se las haya formada para impartirlos.

22.- Las asociaciones étnicas pueden ser una buena cantera de monitores formativos.

23.- Los sindicatos, las patronales y el gobierno del país de origen, en colaboración con sus homólogos catalanes, deberían intervenir en el proceso, especialmente para canalizar las demandas y promover campañas explicativas de que esa es la mejor vía para venir a trabajar a España, convirtiéndose con ello, en elementos reguladores de los flujos.

24.- Un aspecto importante es saber al dedillo los conocimientos del inmigrante que solicita ser contratado, pues existe un número relevante con una formación y estudios similar o superior a los trabajadores del país receptor.

25.- Como sea que la demanda de trabajo siempre será superior a la oferta, el currículo del solicitante puede ser un buen filtro: sólo se formarían a los trabajadores contratados en función del currículo, pues formar a todo el que lo solicite, significaría dejar fuera del proceso a los que no pueda absorber la demanda, que son los más.

26.- No obstante pueden organizarse cursillos de carácter voluntario para quienes deseen realizarlos libremente, sin que ello signifique compromiso alguno para su contratación.

27.- A la llegada, sería conveniente establecer algún sistema similar al de los contratos formativos (o, directamente, el contrato de formación o un acuerdo de permanencia), para que se garantice al trabajador un tiempo mínimo de formación profesional, en seguridad y salud, y en hábitos de vida e idioma. Lo mismo podría decirse respecto de la formación laboral en la empresa.

28.- Existe una cierta unanimidad entre los entrevistados en que lo fundamental es el idioma, pues en la empresa la mayor parte de las instrucciones se dan oralmente.

29.- La Formación profesional contínua debe ser la misma que reciben los trabajadores españoles.

30.- Debe ser mediante las comisiones de formación sectoriales, con participación de patronales y sindicatos, donde se elabore una propuesta y se decida qué formación necesitan los empresarios y los trabajadores.

31.- A partir de la propuesta de la Comisión, elaborar los contratos programa y toda la perspectiva de formación.

32.- Todo inmigrante debe estar provisto de alguna documentación. Entre quedar o expulsar debería existir algo intermedio, como el permiso de búsqueda de trabajo o un permiso provisional mientras se resuelve si debe procederse a la repatriación o no.

33.- Cuantas más facilidades tengan las empresas, que quieran contratar cumpliendo la normativa de contratación en origen, menos serán las que recurran a la contratación ilegal.

34.- En ningún caso debería repatriarse aquella persona que se encuentra irregularmente porque no le han renovado el contrato laboral, pues debemos aprovechar la experiencia que ha acumulado y facilitar su reintegración laboral.

35.- Deberían encontrarse mecanismos para que parte del contingente lo cubrieran los que están aquí en situación irregular.

36.- Para que el papel del Servicio de Intermediación Laboral en Origen (SILO) se vea reforzado habrá que adecuarlo a las necesidades reales y conseguir su reconocimiento institucional, tanto en el país de origen como en el sistema de gestión de contingentes.

37.- Nada impide, de acuerdo con las competencias de la Generalitat en materia de permisos de trabajo, que el SILO actúe en los procesos selectivos de trabajadores que quieran trabajar en Cataluña, ya sea como un operador más en el órgano de selección, que se prevea en el convenio de regulación de flujos, ya sea como un ente de selección en sí mismo. Puede ejercer, además, tareas informativas, organizar la formación de trabajadores en origen, etc.

38.- El SILO debería funcionar de acuerdo con la Secretaría de Estado para la Inmigración y el SOC.

39.- En el órgano gestor del SILO debería estar el cuerpo diplomático, sindicatos y patronales del país de origen, aunque sea con carácter consultivo, permitiría darle suficiente entidad para que fuera el referente principal para la inmigración económica.

40.- Con los sistemas informáticos actuales, sería importante que las ofertas de trabajo que queden desiertas en Cataluña sean “rebotadas” automáticamente a las oficinas del SILO.

41.- El empresario, debería poder presentar directamente al SILO demandas nominativas, incluso indicando la persona concreta que pretende contratar, lo que permitiría agilizar el proceso, que ahora dura alrededor de un año.

42.- Deben ubicarse en las regiones estratégicas de los países emisores de mayor volumen de inmigración hacia Cataluña y en los que se prevé será así: Rumania, Marruecos, Ecuador y Colombia; y, en segundo plano, Argelia, Malí, Senegal, Argentina, Perú y Bolivia.

43.- Nuestras embajadas estaban preparadas para atender a los emigrantes españoles, pero no lo están para gestionar la inmigración que viene hacia España.

44.- Carecen de estructura adecuada y suficientemente profesionalizada para responsabilizarse de la intermediación de las cuestiones migratorias y, en general, nuestro cuerpo diplomático aún no ha tomado conciencia de la importancia estratégica que ocupa la inmigración en el progreso económico de España.

45.- Entretanto se realiza el necesario “aggiornamento” de nuestro cuerpo diplomático, el SILO puede ser un espacio de encuentro y cooperación que, cordialmente, ayude a nuestro cuerpo diplomático en su transición hacia la profesionalización en la intermediación migratoria.

46.- El SILO puede ser un modelo para que la Unión europea acabe teniendo oficinas de este tipo válidas para todos los estados miembros.

47.- La reagrupación familiar debería ceñirse al núcleo familiar, acortando el período de tramitación, y ser muy vigilante en los demás supuestos, para evitar que sea un coladero que quiebre, en parte, el papel del cupo y de la contratación en origen, y que cree brotes de pobreza en los barrios, con las derivaciones que ello comporta.

48.- Los familiares reagrupados deberían tener automáticamente el permiso de trabajo, además del permiso de residencia. La razón es obvia: cuantos más ingresos económicos tenga la familia, más estable e integrada será.

49.- Los hijos que acaban el período escolar a los 16 años, deberían poder tener un permiso de formación para asistir a los cursos de las Escuelas Taller de formación profesional, algo hoy imposible por exigirse para ello la tenencia del permiso de trabajo, que no se concede hasta los 18 años.

50.- El SOC debería ser más activo, con estos inmigrantes de segunda generación, al objeto de facilitar su integración laboral.

51.- Ambas medidas servirían para evitar que los jóvenes inmigrantes queden fuera del sistema al ver anulada su autonomía personal, que sólo puede alcanzarse si la persona tiene trabajo y formación.

52.- Sería conveniente que, en materia de reagrupación familiar (no así en visados de estancia, o de otro tipo), la resolución sobre el cumplimiento de los requisitos al iniciarse la solicitud del reagrupante en España, corresponda a la Subdelegación del Gobierno y no a los consulados. De esta manera, la decisión sería recurrible ante los juzgados de lo contencioso-administrativo provinciales.



Carles Navales.



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