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Marzo - Abril de 2011 · nº 54

¿Es Alemania la pagana en esta crisis?
José María Zufiaur

Está muy extendida entre la población alemana, según dicen quienes conocen bien aquel país, la idea de que Alemania es quien ha pagado el despegue –mediante los fondos estructurales– y quien también va a tener que pagar los despilfarros cometidos por esos países periféricos y manirrotos de la zona euro y, quien sabe si también en el futuro de otros como Italia o Bélgica. Esta es una creencia también bastante arraigada en los pocos alemanes con los que uno trata, aunque no en todos. Una convicción, por otra parte, que está extendida por todo el espectro político teutón, si bien creo que de manera desigual.

Lo más llamativo es que tal creencia tiene también un poderoso arraigo entre muchos no sólo no alemanes sino nacionales de los países a los que la UE, dominada por Alemania, está imponiendo una política de austeridad, de empobrecimiento y de retroceso social que nada tiene que envidar a la que durante décadas ha impuesto el Fondo Monetario Internacional a los países en desarrollo, siguiendo los postulados del “Consenso de Washington”.

Si Alemania, y los demás países fundadores de la Comunidad Europea, crearon los fondos estructurales, primero, y el fondo de cohesión después  no fue únicamente por solidaridad con los países más pobres. También, en primer lugar, para compensar a las regiones más afectadas por los impactos negativos que toda liberalización comercial implica para determinados sectores y para los territorios donde aquellos están asentados. Era una compensación imprescindible para la aceptación del Mercado Único. No hay que olvidar que, aunque la plena liberalización comercial ya figuraba en el Tratado de la Comunidad Económica Europea de 1957, el Acta Única, y con ella el mercado interior unificado, se hizo esperar hasta el año 1986.

Más tarde, con la ampliación a los países del Sur, se incrementó la dotación de los fondos estructurales y se creo el Fondo de Cohesión. De una parte,  para evitar una concurrencia social. El mensaje era claro: nosotros os damos fondos para que, a cambio, no nos hagáis una competencia desleal en términos de condiciones sociales, salariales, fiscales y medioambientales. Una política que se ha desdibujado en gran parte cuando les ha tocado entrar en el club a los países de la Europa central y del este. En este caso, se ha aplicado la política de menos fondos, más deslocalizaciones y acentuación de las políticas neoliberales. Lo que contribuye a que  los nuevos países miembros sean objetivamente condicionados a recurrir a la concurrencia social, fiscal o salarial.

Es decir, los fondos no han sido sólo un acto de apoyo sino una manera de superar el proteccionismo y el miedo a la apertura comercial de los ciudadanos de los países ricos de la UE. Y una inversión a cambio de facilitar la entrada de sus capitales y productos en nuevos mercados. Cuando se dice que los fondos europeos aportaban el 1% del PIB español, lo que es cierto, se silencia, al mismo tiempo, que de ello se beneficiaban en gran medida, entre otros, las empresas y los productos alemanes. En suma, no todo ha sido filantropía. Aunque, objetivamente, también haya sido un factor importante para compensar las asimetrías de la liberalización comercial y para realizar inversiones en infraestructuras de distinto tipo que han contribuido al desarrollo de nuestro país.

 

Euro: la gran beneficiada

Por otro lado, Alemania, que impuso el modelo de la Unión Monetaria –un Banco Central Europeo limitado a la estabilidad monetaria, mediante el Pacto de Estabilidad, que a diferencia de la Reserva Federal de EE.UU., sólo tiene como finalidad el control de la inflación y no también la del empleo. Un Banco Central totalmente independiente del poder político y al que se prohíbe endeudarse y financiar a los países miembros– es quien más se ha beneficiado de la Moneda Única. Como consecuencia de la imposibilidad de devaluar las monedas que aquélla impone y que impide a los países miembros recuperar por esa vía la competitividad perdida, la política deflacionista practicada por Alemania, con la reducción salarial y el empeoramiento de las condiciones sociales, ha cebado un gran superávit que se alimenta del déficit de otros países, como España. Gran parte de la deuda de los países endeudados, en lo público y/o en lo privado, se encuentra en manos de los bancos alemanes. El riesgo de los bancos alemanes, franceses o ingleses lo estamos corriendo los países a los que se nos está imponiendo una drástica política de ajuste presupuestario y de recortes sociales.

En lugar de equilibrar una construcción económico-monetaria claramente desequilibrada –lo que implicaría una integración fiscal, con el control del déficit público y de la deuda pública, pero también la limitación del déficit y del superávit exterior, junto a un sistema tributario único y un presupuesto común fuerte, propio de sistemas federales– Alemania está imponiendo un sistema de austeridad y de (contra) reformas sociales. Y negándose a establecer medidas de lucha contra la especulación de los mercados: emisión de euro-bonos o la imposición de las transacciones financieras en la UE. Una política que está cargando el coste de la crisis sobre algunos países y sobre los trabajadores y poniendo en dificultades al propio euro. La deflación competitiva que está dictando Alemania, con el apoyo de Francia y del Reino Unido, sólo puede  conducir a una espiral deflacionista en toda la UE.

Tampoco las aportaciones realizadas por los países miembros de la UE al Fondo de Rescate, aportaciones proporcionalmente mayores por parte de Alemania, son donaciones sino préstamos concedidos a intereses muy altos, cuyo riesgo tienen que asumir todos los Estados miembros.

 

De la devaluación monetaria a la devaluación social

El modelo de gobierno económico y social y el pacto de competitividad, después bautizado como pacto por el euro, tiene como característica principal la de hacer aceptar una serie de compromisos sobre política salarial, sobre pensiones, sobre políticas de protección al desempleo, sobre fiscalidad de las empresas, establecimiento en las Constituciones nacionales de un tope a los déficit públicos, etc. Es decir, sobre temas considerados hasta ahora como de estricta competencia de los Estados.

Si, por un lado, este proyecto implica una voluntad de profundizar en la integración europea, por otro instaura una UE a varias velocidades y la sustitución de las devaluaciones monetarias por las devaluaciones sociales. Y sobre el ninguneo del Diálogo Social Europeo. Es un pacto concebido sobre la matriz de la política económica restrictiva alemana de los últimos diez años. Claro que si la política desarrollada por Alemania a partir del año 2000 y basada en incrementar su competitividad por la vía de los costes no ha tenido antes consecuencias muy negativas para el conjunto de la zona euro ha sido precisamente porque otros países (como España, Irlanda, Grecia o Portugal) han consumido y se han endeudado, entre otros, con ellos.

Todo ello no exime, en absoluto, de los profundos errores cometidos por los países presos ahora de sus deudas. Pero la política que lidera Alemania en la UE no hace más que profundizar la política basada en las reglas del Pacto de Estabilidad: de lo que se trata es de limitar cada vez más los márgenes de maniobra de las políticas públicas nacionales. Sin que, sin embargo, este corsé impuesto a las políticas nacionales sea sustituido por una real capacidad de iniciativa y de gobierno económico a nivel europeo. Lo contrario de lo que sucede en el caso de los Estados Unidos: sin la iniciativa del gobierno federal algunos Estados federales, como California, estarían quebrados.

El otro aspecto que se trata de introducir en la opinión pública es que Alemania es también el modelo a imitar desde el punto de vista social. Desde luego ya nos gustaría a muchos países el nivel de protección social de Alemania, incluso después de las reformas realizadas por el Sr. Schröder con su agenda 2010, reformas conocidas como Hartz I,II,III y IV.

Ello  no es óbice para constatar que, tras el enorme esfuerzo realizado por Alemania con la unificación, la política puesta en práctica a principios de los años 2000 por la Agenda antes mencionada, ha tenido una gran repercusión en el modelo social alemán. El drástico control del gasto público, de los salarios y de las prestaciones sociales  han aumentado las desigualdades de forma inédita en Alemania después de la segunda guerra mundial.

El porcentaje de trabajadores cubiertos por las prestaciones de desempleo ha caído desde el 80% en 1995 al 35% en 2008 y todas las personas paradas después de un año han pasado a la asistencia social. Diversas reformas financieras de la Seguridad Social (tasa ecológica, aumento del IVA) se han puesto en marcha para reducir el coste del trabajo. Paralelamente, las empresas alemanas han llevado a cabo un fuerte proceso de deslocalización, particularmente hacia los países de Europa central y oriental, para reducir sus costes. De tal manera que las exportaciones alemanas contienen un fuerte porcentaje de componentes importados, lo que ha presionado sobre el empleo poco cualificado y sobre las negociaciones colectivas.

 

Quien menos empleos crea

Alemania es el país de la UE-15 que menos empleos ha creado en los últimos veinte años: únicamente en 2005 logró recuperar la tasa de empleo de 1991. Hasta 2005 la tasa de paro alemana ha sido superior al 10% y sólo a partir de 2008 bajó a poco más del 7%. Por otro lado, la alemana es la economía de la OCDE, a excepción de la japonesa, que más ha reducido el número de horas trabajadas a lo largo de los años 90, gracias al incremento de los empleos a tiempo parcial y del gran aumento de los trabajos precarios. Curiosamente, la reducción del volumen de horas trabajadas anualmente ha descendido, a partir de mediados de los años 90, de manera casi idéntica en Alemania y en Francia: cien horas anuales en cada país. Pero con un gran factor diferencial: mientras que en Francia ello se debe en un 80% a la ley de 35 horas, en Alemania ese 80% hay que atribuirlo al incremento del tiempo parcial.

De tal manera que, actualmente, uno de cada tres empleos alemanes no es ni a tiempo completo ni indefinido. Y uno de cada diez es un subempleo, es decir empleos a menos de 400 euros al mes. De golpe, el número de empleos que contribuyen a la financiación de la protección social es actualmente inferior en más de dos millones de personas al que era en 1991. Al mismo tiempo, el porcentaje de empleos con bajos salarios (inferiores a dos tercios del salario bruto por hora) se  ha situado al nivel de países no precisamente socialdemócratas: dos millones y medio de trabajadores trabajan por menos de 5 euros la hora en un país que, además, no tiene salario mínimo.

A ello se suma una notable erosión de la negociación colectiva. La cobertura de la negociación colectiva, es decir el porcentaje de trabajadores cubierto por un convenio ha descendido desde el 76% al 62% en diez años. Y los convenios colectivos no afectan más que al 40% de las empresas alemanas en 2008.

Finalmente, otro dato que resulta muy llamativo. De acuerdo con las estadísticas europeas sólo en Rumania y Bulgaria se han producido aumentos mayores de las desigualdades sociales que en Alemania.

La conclusión que yo saco de todo ello es que es fundamental analizar más de cerca lo que hay debajo del nuevo mantra del pacto de gobierno económico y social y del pacto de competitividad que, bajo la exaltación del modelo alemán, nos está queriendo imponer el nuevo directorio comunitario formado por Alemania, Francia e Inglaterra.



José María Zufiaur.
Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.

Este artículo también lo publica Sistemadigital, de la revista Temas.



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