ZP se equivoca02-02-2010
"está a punto de echar por la borda la paz social" En contra del criterio de su ministro de Trabajo, el socialista catalán Celestino Corbacho, el Gobierno español aprobó el pasado viernes retrasar la edad de jubilación de los 65 años actuales hasta los 67, como parte del plan de reforma de las pensiones, que pretende garantizar el mantenimiento del sistema a medio y largo plazo.
Que la ministra de economía no sea consciente de la trascendencia política de tal decisión, no me extraña, pero si me ha sorprendido, y mucho, que el presidente Zapatero se haya tomado la cuestión tan a la ligera: todo ha pasado en pocas horas y, además, en un momento en que muchos jubilados están viendo recortado su poder adquisitivo al no recibir los célebres 400 euros anuales, que prometió mientras hubiera crisis, a lo que hay que añadir que el 1% de aumento de las pensiones de este año hace subir a muchos pensionistas su escalafón en la declaración de la renta, lo cual comporta pagar más impuestos y, en consecuencia, ver disminuida la pensión en dinero contante y sonante.
Me ha sorprendido muchísimo esta decisión unilateral sobre el aumento de la edad de jubilación, y no porque deba revisarse ahora, más adelante o nunca. Lo que no entiendo es como el presidente está a punto de echar por la borda el principal mérito de su mandato: la paz social.
Cuando alguien, dentro o fuera de España, cuestiona la política económica del Gobierno siempre aparece alguna voz con autoridad moral y conocimientos, que interviene diciendo que el gran activo de Zapatero es la paz social, no conseguida por sus antecesores y que es fruto de su relación con los sindicatos, a los cuales el presidente ha dado (al menos, hasta ahora) una importancia privilegiada. Pues bien, eso es lo que acaba de poner al borde del abismo: esperemos que el próximo paso lo dé hacia atrás. Sabiendo que el consenso social es uno de sus grandes activos, por no decir el principal, ¡qué prisa tiene! ¡Qué le han dicho en Davos los neoliberales de turno!
¿Es un error o un precedente?, se preguntan algunos sindicalistas amigos míos. De momento, la confusión está sembrada, y, lo peor, lo que ya ha hecho: la medida se ha aprobado en Consejo de Ministros sin negociarla, ni siquiera consultarla, con los sindicatos.
No descubro ningún secreto si digo que a éstos les da la sensación que a Zapatero le están encandilando los predicadores de la flexibilidad laboral sin seguridad para el trabajador; de ser así, arriesga demasiado.
Nadie entiende que, en plena negociación de la reforma laboral, se saque de la manga una medida que afecta directamente a la estructuración del mercado y la contratación al completo. Y tan grave como lo que estoy diciendo, no se aborda de veras y con seriedad la cuestión de la puesta al día del Estado de bienestar. Estamos yendo a trancas y barrancas, con decisiones parciales o por sorpresa, sin una visión a largo plazo que contemple la cuestión social en su globalidad o, digamos que "falta el marco de referencia general en que se insertan", en palabras de Xavier Vives, ilustre profesor de IESE (prestigiosa escuela empresarial cercana al Opus Dei), tan alejado de mi ideario socialista, pero que también prioriza la productividad y el mantenimiento de un Estado de bienestar reformado.
Para la información de nuestros lectores del resto del mundo, hoy, en España, el trabajador puede jubilarse desde los 60 y hasta pasados los 65. Si lo hace con 60 pierde una parte de la pensión y si pasa de los 65 va sumando dinero. Así, el resultado es que la edad media de jubilación está en los 63’8 años. En la vecina Francia, el presidente François Mitterrand la hizo descender hasta los 60 años y, ahora, lo que plantea su homónimo institucional en subirla a los 62.
De las pensiones se puede hablar mucho. Para mí el modelo es el de algunos países adelantados en los cuales todos, ricos y pobres, reciben la misma cantidad de dinero (carece de sentido una escala salarial para los que no trabajan), y donde se acepta que puedan continuar haciendo determinados trabajos retribuidos. Eso sí, siempre debe haber un abanico con la edad inicial y el tope de edad, que tanto pueden ser los 67 como los 65 o 70. Y es que, como en la flexibilidad laboral, la cuestión no está en la forma, sino en el fondo, y el fondo es que todos y cada uno de los trabajadores tengan la seguridad de que ellos y sus hijos están protegidos por el Estado. Y, esta seguridad, tiene un punto de garantía: que las reformas sociales sean pactadas con los sindicatos, únicos representantes legítimos, hoy por hoy, del conjunto de los trabajadores con salario, pensión, seguro o sin empleo.
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